Un día Emilio Silva, presidente
de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, se hartó de no
poder visitar una tumba con el nombre de su abuelo y se dispuso a exhumar la
fosa común en la que yacía desde que le enterraron junto a otras 12 personas en
Priaranza del Bierzo (León). Aquella fue la primera excavación que se cerró con
una identificación de los cuerpos mediante la prueba de ADN y la que disparó la
demanda de exhumaciones de fosas a lo largo de toda la geografía española,
muchas en Asturias.
La de Valdediós ha sido una de
las más llamativas al contar con el apoyo de voluntarios y por el gran número de
cadáveres que guardaba. Sin embargo, otras fosas asturianas no corrieron la
misma suerte. La fosa del cementerio de Oviedo no ha sido abierta por la firme
oposición de los familiares de las víctimas que consideraron más adecuado el
testimonio de la lápida común.
En el caso del Pozo Fortuna, en
Turón, al que fueron arrojadas un número indeterminado de personas (entre 200 y
300, algunos con vida) tras la caída de Oviedo, la excavación no pudo
desarrollarse por dificultades técnicas.
Además, en los últimos tres
años a las excavaciones les ha seguido la polémica. Además de la oposición de
asociaciones como la de la fosa común de Oviedo, sectores conservadores cargaron
contra lo que entendían como una revancha histórica. Silva respondió en su
momento que su asociación no pregunta a los familiares en qué bando luchaban
cuando fueron fusilados y añadió que también se habían ocupado de fosas con
víctimas de represión republicana.
En el aire quedan un cúmulo de
iniciativas que, a pesar del paso de los años, monopolizan la actualidad
política. Así ocurrió con la retirada de una estatua de Franco recientemente en
Madrid o con las deliberaciones acerca de la posibilidad de reconvertir el Valle
de los Caídos (donde reposan los restos del dictador) en un museo sobre el
franquismo.
Fuente de información:
LaVozdeAsturias
