La reivindicación de una legislación específica se había convertido en un clamor durante los últimos años, tanto entre los responsables de las estaciones como entre sus usuarios. El jefe del grupo de montaña de la Guardia Civil de Mieres, José Luis Llamazares, ya advertía en el libro «Derechos y obligaciones en el esquí y la montaña» (Septem Ediciones, 2004) que esa normativa legal debería recoger, al menos, dos aspectos fundamentales. Por un lado, desarrollar una ley que se revela «especialmente necesaria en las pistas de esquí alpino y en todo el entramado que convive a su alrededor». Por otro, acreditar a unos agentes o vigilantes de seguridad con capacidad y legitimación para hacer cumplir las normas. La ponencia del Senado pretende dar respuesta a ambos retos. Este experto ha sido durante los últimos años una de las voces que con más fuerza han defendido la necesidad de legislar la actividad lúdica y de ocio en las montañas.

Las recomendaciones parten de la necesidad de que, como premisa inicial, resulta necesario definir con total exactitud lo que constituyen las estaciones de esquí y su ámbito territorial. A partir de ahí, el Senado propone la redacción de planes directores para la ordenación territorial y urbanística con el fin de, según indica el texto al que ha tenido acceso este diario, «fomentar las actividades económicas y deportivas, preservando el medio ambiente dentro de un desarrollo social y económico sostenible de la zona».

Ya dentro de las instalaciones deportivas, la ponencia del Senado apuesta por la aplicación de las normas de la Federación Internacional de Esquí (FIS) «como códigos de circulación y de conducta mínima necesaria y, por ello, obligatorias para todos los esquiadores». Además, propone que, «como texto complementario», se utilice la normativa de la Asociación de Esquí y Montaña (Atudem).

Aun así, el futuro marco legal para el sector deberá tipificar aquellas acciones que puedan considerarse como infracciones, así como el correspondiente régimen de sanciones, tanto para el gestor de las instalaciones como para sus usuarios.

La futura ley del esquí también obligará a que todas las estaciones invernales de España cuenten con una señalización unificada sobre sus límites, zonas especiales de riesgo y balizamientos, así como de las pistas y de su grado de dificultad.

Además, la ponencia del Senado recomienda establecer un régimen de instalaciones de remontes mecánicos acorde con las características de cada estación, a las que se les demandará una maquinaria adecuada para el acondicionamiento y mantenimiento de las pistas, que tendrán que contar con señalizaciones generales sobre seguridad y la ubicación de los puestos de socorro. De esta forma, se unificará la actividad en los equipamientos para facilitar la actividad deportiva y ofertar a los usuarios una información fiable sobre las estaciones.

En materia de seguridad, y además del uso del casco en los menores de 14 años, el Senado apunta la necesidad de incorporar al forfait un seguro obligatorio de responsabilidad civil para los usuarios, así como la exigencia de que las estaciones mantengan a disposición de los esquiadores información continua y actualizada sobre el estado de sus instalaciones, teniendo en cuenta las dificultades meteorológicas que se puedan presentar. Además, la ponencia sectorial incide en que la futura ley solicite de las escuelas de esquí unos requisitos mínimos y que los profesores contratados cuenten con la titulación requerida.

Las recomendaciones para la redacción de la ley del esquí hacen referencia a la necesidad de financiar campañas informativas sobre los derechos y obligaciones de los gestores de la estación y de sus usuarios, así como en desarrollar actuaciones de fomento y promoción de las estaciones y su oferta de ocio.

Finalmente, la ponencia propone la creación de un Consejo General de los Deportes de Invierno en el que tengan cabida las administraciones públicas, las asociaciones de complejos invernales, las federaciones deportivas y los usuarios.

Fuente de información: LaNuevaEspaña