La esperada ley del esquí ya
tiene puestos los cimientos. La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del
Senado acaba de publicar las propuestas sobre las que se asentará una normativa
que, como objetivo fundamental, busca un uso más racional de las estaciones
invernales. Las catorce recomendaciones surgen de una ponencia específica,
presidida por el senador socialista Manuel Pezzi Cereto, por la que durante los
últimos meses han pasado todos los agentes que tienen algo que ver con el
sector.
Entre las planteamientos más
llamativos se cuentan la habilitación legal para que el personal de pistas y
remontes pueda actuar como agentes encargados de velar por el cumplimiento de
las normas, con el apoyo de las fuerzas de seguridad, o la obligatoriedad de que
los esquiadores menores de 14 años utilicen casco protector.
La reivindicación de una
legislación específica se había convertido en un clamor durante los últimos
años, tanto entre los responsables de las estaciones como entre sus usuarios. El
jefe del grupo de montaña de la Guardia Civil de Mieres, José Luis Llamazares,
ya advertía en el libro «Derechos y obligaciones en el esquí y la montaña» (Septem
Ediciones, 2004) que esa normativa legal debería recoger, al menos, dos aspectos
fundamentales. Por un lado, desarrollar una ley que se revela «especialmente
necesaria en las pistas de esquí alpino y en todo el entramado que convive a su
alrededor». Por otro, acreditar a unos agentes o vigilantes de seguridad con
capacidad y legitimación para hacer cumplir las normas. La ponencia del Senado
pretende dar respuesta a ambos retos. Este experto ha sido durante los últimos
años una de las voces que con más fuerza han defendido la necesidad de legislar
la actividad lúdica y de ocio en las montañas.
Las recomendaciones parten de
la necesidad de que, como premisa inicial, resulta necesario definir con total
exactitud lo que constituyen las estaciones de esquí y su ámbito territorial. A
partir de ahí, el Senado propone la redacción de planes directores para la
ordenación territorial y urbanística con el fin de, según indica el texto al que
ha tenido acceso este diario, «fomentar las actividades económicas y deportivas,
preservando el medio ambiente dentro de un desarrollo social y económico
sostenible de la zona».
Ya dentro de las instalaciones
deportivas, la ponencia del Senado apuesta por la aplicación de las normas de la
Federación Internacional de Esquí (FIS) «como códigos de circulación y de
conducta mínima necesaria y, por ello, obligatorias para todos los esquiadores».
Además, propone que, «como texto complementario», se utilice la normativa de la
Asociación de Esquí y Montaña (Atudem).
Aun así, el futuro marco legal
para el sector deberá tipificar aquellas acciones que puedan considerarse como
infracciones, así como el correspondiente régimen de sanciones, tanto para el
gestor de las instalaciones como para sus usuarios.
La futura ley del esquí también
obligará a que todas las estaciones invernales de España cuenten con una
señalización unificada sobre sus límites, zonas especiales de riesgo y
balizamientos, así como de las pistas y de su grado de dificultad.
Además, la ponencia del Senado
recomienda establecer un régimen de instalaciones de remontes mecánicos acorde
con las características de cada estación, a las que se les demandará una
maquinaria adecuada para el acondicionamiento y mantenimiento de las pistas, que
tendrán que contar con señalizaciones generales sobre seguridad y la ubicación
de los puestos de socorro. De esta forma, se unificará la actividad en los
equipamientos para facilitar la actividad deportiva y ofertar a los usuarios una
información fiable sobre las estaciones.
En materia de seguridad, y
además del uso del casco en los menores de 14 años, el Senado apunta la
necesidad de incorporar al forfait un seguro obligatorio de responsabilidad
civil para los usuarios, así como la exigencia de que las estaciones mantengan a
disposición de los esquiadores información continua y actualizada sobre el
estado de sus instalaciones, teniendo en cuenta las dificultades meteorológicas
que se puedan presentar. Además, la ponencia sectorial incide en que la futura
ley solicite de las escuelas de esquí unos requisitos mínimos y que los
profesores contratados cuenten con la titulación requerida.
Las recomendaciones para la
redacción de la ley del esquí hacen referencia a la necesidad de financiar
campañas informativas sobre los derechos y obligaciones de los gestores de la
estación y de sus usuarios, así como en desarrollar actuaciones de fomento y
promoción de las estaciones y su oferta de ocio.
Finalmente, la ponencia propone
la creación de un Consejo General de los Deportes de Invierno en el que tengan
cabida las administraciones públicas, las asociaciones de complejos invernales,
las federaciones deportivas y los usuarios.
Fuente de información:
LaNuevaEspaña
