El informe de los expertos analiza diversos escenarios para una posible reforma en el sistema financiero de las comunidades autónomas: desde una modificación constitucional que llevase a un Estado federal a los meros ajustes en el actual modelo. Y también, por supuesto, las adaptaciones que a juicio de los redactores serían necesarios en el sistema vigente.

Como criterio general, los expertos afirman que todas las competencias de las comunidades autónomas deberían financiarse a través de
un único modelo. Es decir, no cabe que la Sanidad se costee de un modo independiente. Y aunque ese sistema deberá ser «estable» también habrá que arbitrar mecanismos para su ajuste. Consideran razonable que las comunidades tengan mayor autonomía fiscal, pero siempre previo análisis de sus capacidades, para que un exceso de presión en tributos no merme el desarrollo económico regional.

En el supuesto de que sólo se llevasen a cabo retoques en el actual modelo, el informe encargado por el Ejecutivo autonómico plantea un abanico de posibilidades por medio de las cuales el Principado podría incrementar los ingresos. Básicamente, a través de nuevos impuestos o fórmulas de copago.
150 euros al año por cada TV Así, proponen algunos nuevos tributos regionales de carácter medioambiental, nuevas tasas a las actividades cinegética y piscícola, o la creación de un impuesto sobre solares y edificios en ruinas. Entre las fórmulas de financiación más novedosas destaca el planteamiento de un gravamen sobre la televisión autonómica. Medidas similares ya existen en el Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia. El hecho imponible (por el que se recauda) podría ser, sugiere el informe, la «titularidad o posesión de un receptor de televisión» dentro de la zona en la que se recibe la señal de la televisión autonómica.

Un cómputo efectuado por los expertos permite constatar que con un tipo impositivo mínimo de 150 euros al año el Gobierno regional podría recaudar entre 33 y 56 millones de euros, lo que representaría hasta el 5 por ciento de la recaudación autonómica por impuestos propios. Este dinero, añaden, podría quedar condicionado a pagar la TV autonómica.

Otra de las posibilidades pasa por convertir en autonómico el impuesto municipal sobre vehículos. Los autores del informe advierten de que este hecho debería conllevar una compensación a los ayuntamientos, pero proponen su creación porque «evitaría que determinados municipios fijasen los tipos más bajos de la ley para atraer matriculaciones».

Respecto a un gravamen sobre la ocupación hotelera avisan, en cambio, de que «sus inconvenientes serían mucho mayores que las ventajas» ya que perjudicarían la promoción y desarrollo turístico de Asturias. Pérdidas de bienestar En cuanto a los tributos cedidos, descartan incrementos en la tarifa del IRPF, porque, si bien permitirían al Principado aumentar de forma considerable la recaudación, el incremento «llevaría aparejadas unas importantes pérdidas en el bienestar de los contribuyentes».

Con vistas a las posibles novedades en el sistema, los expertos se inclinan, básicamente, por la cesión de tributos sobre el alcohol y el tabaco, que sirvieran para financiar los costes que el consumo de estos productos, supuestamente, ocasiona al sistema sanitario. La fórmula de recaudación se llevaría a cabo mediante dos nuevos impuestos sobre la venta minorista, de un modo similar a como se produce en el caso del recargo sobre los hidrocarburos.

Sin embargo, los autores del informe encargado por el Gobierno regional no se muestran partidarios de la inclusión en la cesta de tributos compartidos del impuesto sobre sociedades. «Si se transfiriera a las comunidades autónomas capacidad normativa al respecto se podrían plantear importantes problemas de competencia fiscal, e incluso podría afectar a la libre competencia y la libertad de establecimiento». Tampoco creen los expertos que supusiese mejora alguna sobre la situación actual que la cesión se articulase a través de la transferencia de una parte de la recaudación territorializada del tributo.

El informe sobre la reforma del sistema de financiación coincide con la tesis autonómica de que el modelo debe garantizar la suficiencia del gasto general y equitativo de todas las comunidades autónomas, mientras que las políticas de gasto de carácter discrecional deberían financiarse mediante nuevas medidas impositivas decididas por cada comunidad autónoma, recurriendo a su autonomía fiscal.