Se acompaña la Resolución de la Procuradora que concluye que el Director General de Recursos Naturales no ha cometido ninguna infracción del ordenamiento jurídico sencillamente porque no existe actuación administrativa con eficacia jurídica ni expediente sobre el que ella pueda pronunciarse (los correos electrónicos, declaraciones a la prensa y faxes o escritos a la Delegación del Gobierno para ella no cuentan).

Vista esa Resolución la Plataforma efectúa las siguientes valoraciones:

• La Procuradora considera que la acampada de septiembre en Caliao no fue autorizada pero tampoco fue prohibida por el Principado (no hay ninguna resolución administrativa ni expediente que la declarase prohibida, dice)
• En consecuencia y teniendo en cuenta que había autorización expresa por acuerdo del Ayuntamiento, desde la Plataforma entendemos que la acampada fue legal.
• Según se desprende de la Resolución de la Procuradora, parece que la Guardia Civil fue a hacer los controles de carretera y la identificación de los campistas, “porque pasaba por allí”, no porque se le requiriese oficialmente por parte del Principado.
• Por otra parte, la Procuradora no quiere entrar a valorar la actuación de la Guardia Civil, con su despliegue exagerado, sus controles, identificaciones y posibles filmaciones, y remite este asunto al Defensor del Pueblo español.
• Tampoco pide informe la Procuradora al Ayuntamiento de Caso sobre el asunto. Se ve que la autorización y la subvención al acto existente por parte del Ayuntamiento prefiere ignorarla o evitar tenerla en cuenta. Pondría en situación difícil al Director General de Recursos Naturales, que pretendió prohibir y reprimir un acto autorizado y subvencionado por un Ayuntamiento (¿puede un Director General del Principado, que ni siquiera tiene competencia para dictar una simple Resolución, prohibir y disolver un acto autorizado por otra administración pública?). La Procuradora huye de pronunciarse sobre esos asuntos para no cuestionar al Principado ni al Director.
• En resumen, para la Plataforma, la Procuradora demuestra su total falta de independencia funcional o política con respecto al Gobierno Regional. Es una pena y la Plataforma como entidad ciudadana lo lamenta, que una institución recientemente creada por el Parlamento para defender los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la administración, actúe así a la primera de cambio. Algo, por otra parte, que se podía esperar si se tiene en cuenta que a su frente se puso a una concejal en activo, ex alto cargo y militante del partido en el gobierno.