El desproporcionado despliegue de policías y los controles de carretera intimidatorios del pasado fin de semana en Caliao para intentar reprimir una acampada - jornadas de sensibilización ambiental, autorizada y subvencionada por acuerdo del 23 de mayo de 2006 del Ayuntamiento de Caso, refleja, a nuestro modo de ver, varias cosas:

1. El nulo talante democrático de Cristino Ruano, Director General de Recursos Naturales del Principado, y de Antonio Trevín, Delegado de Gobierno en Asturias, evidenciado en el intento de prohibir y reprimir un acto de esa naturaleza en el que se podrían emitir opiniones contrarias a los proyectos y los modelos de desarrollo impulsados por sus Gobiernos.
2. El importante despiste que tienen esas personas en relación a cuál es su función pública. Parece que se preocupan más por actuar como comisarios políticos que por ejercer las funciones de interés general que les asigna la ciudadanía (luchar contra la delincuencia y proteger los recursos naturales de Asturias de las amenazas ciertas: la contaminación, los incendios y los proyectos de gran impacto ambiental).
3. La prepotencia y el desprecio absoluto mostrados por esas dos personas hacia la veintena de organizaciones sociales convocantes de los actos: asociaciones ecologistas y vecinales, sindicatos, partidos políticos, fundaciones, etcétera, todas ellas con una importante base social.
4. La prepotencia y el desprecio intolerable que también mostraron hacia el Ayuntamiento de Caso, al ningunear totalmente la autorización expresa y el apoyo que ese Ayuntamiento había dado al acto. Especialmente grave si tenemos en cuenta que, pese a la posible descoordinación administrativa y los problemas de competencias que pudieran haber existido, la legitimidad democrática del Ayuntamiento es mucho más directa que la de los dos cargos citados, y creemos que debe ser siempre respetada.
Además, es preciso recordar que la prohibición de realizar la acampada de Caliao no constituye un hecho aislado; se inserta, por el contrario, en un proceso de recorte de derechos y libertades civiles y de incremento de la represión contra las organizaciones y personas que nos oponemos al modelo de desarrollo impulsado por la globalización y luchamos contra sus consecuencias. La Delegación de Gobierno en Asturias ha ordenado, en los últimos tiempos, un considerable número de detenciones, cargas policiales y aperturas de expedientes administrativos contra personas que participan en movimientos sociales, sindicales, ecologistas y políticos.
En consecuencia, la Plataforma en Defensa del Parque Natural de Redes denuncia la responsabilidad política de esos dos cargos públicos -Antonio Trevín, Delegado de Gobierno en Asturias, y Cristino Ruano, Director General de Recursos Naturales del Principado-; y creemos que su actuación debe ser investigada y, en su caso, sancionada, por intentar limitar, de manera consciente, los derechos constitucionales de reunión y circulación de ciudadanos y ciudadanas.

Por todo ello, en su reunión del 26 de setiembre de 2006, los representantes de las organizaciones que forman parte de la Plataforma, asistentes a esa reunión, han acordado: