«No sabemos ni quién es ni qué
hace ni nada de nada». Alba y Lucía tienen 17 años y estudian primero de
Bachillerato en un instituto ovetense. Las dos saben que, en el centro, existe
un orientador u orientadora, pero desconocen su identidad y su trabajo. Alba y
Lucía sí han oído hablar de Jokin Ceberio, para todos, Jokin, el chaval de 14
años que el pasado septiembre se quitó la vida arrojándose al vacío desde la
muralla de la localidad guipuzcoana de Hondarribia. Después de que, al menos,
ocho de sus «compañeros» del instituto de Talaia -siete chicos y una chica, de
los cuales algunos eran hijos de profesores- le sometiesen a vejaciones físicas
y psíquicas sistemáticamente. Durante un año. Desde un día en que por problemas
gastrointestinales no pudo controlar sus esfínteres en clase. Antes, los habían
pillado fumándose un porro en el patio y lo acusaban de «chivato». Todos ellos
acaban de ser condenados a 18 meses de libertad vigilada por un delito de
maltrato. Además de esta pena, cuatro de ellos tendrán que pasar tres fines de
semana en un centro educativo por una falta de lesiones.
La madre de Jokin, Mila, que
habló de «linchamiento», había asegurado que la víspera de que el adolescente se
quitara la vida vio que tenía «hematomas» y que, tras mucho insistir, su propio
hijo le reconoció que los ocho «eran sus agresores». Por su parte, los imputados
reconocieron ante la juez de menores que le insultaron y le dieron alguna
colleja, pero intentaron exculparse alegando que era «algo generalizado». Es
precisamente lo que se conoce como «bullying», acoso escolar o maltrato entre
pares, un tipo de violencia dirigida, sistemática y planificada, violencia
mental y física programada y reiterada en la que tanto víctima como victimario
son menores.
«Muy mal, muy chungo» es todo
lo que alcanzan a decir Alba y Lucía sobre el «caso Jokin» a la salida de clase,
donde aseguran que no conocen ninguna situación similar, aunque no descartan que
«pudiese pasar». De lo que sí están absolutamente seguras es de que, «si pasase,
los profes no se enterarían». Así lo confirma un reciente estudio realizado por
la Universidad Complutense de Madrid, que detalla que «el 34,6 por ciento de los
alumnos nunca pediría ayuda al profesorado si sufriera acoso».
«Hombre, sí que hay cosas en
plan coña, pero no a machacar», reconocen las dos amigas, que también constatan
la existencia de grupos claramente diferenciados dentro del centro. Que no se
enfrentan «a no ser que pase algo grave y se lleven muy mal», que, incluso, a
veces, «se relacionan».
Nieves Llaneza, jefa de
estudios del IES Alfonso II de Oviedo, explica que el pasado curso se produjo un
problema similar «con un niño», pero que en general «no son frecuentes». Sin
embargo, los expertos consultados la contradicen: aseveran que prácticamente
todos los estudiantes de España han presenciado o conocen un caso de este tipo.
Así, el informe de la Complutense estima que el 23,9 por ciento de los
adolescentes padece «bullying», el 21 por ciento de los cuales reconoce sufrir
una agresión psicológica de exclusión y rechazo, mientras que el 2,9 por ciento
asegura ser víctima de situaciones más graves que desembocan en agresiones
físicas.
Los protagonistas de esta forma
de violencia suelen ser varones con edades comprendidas entre los 13 y los 15
años que recurren a la violencia como método de reafirmación. En esa franja de
edad lleva trabajando casi una década el programa de prevención de conductas
violentas en jóvenes de Cruz Roja de Asturias. Su responsable, Paula Gómez,
puntualiza que «los chavales de 14 años, en plena adolescencia, suelen ser los
más conflictivos, y ellos más que ellas». Otra de sus conclusiones, aunque «sin
ánimo de generalizar con un tema tan sensible», es que «se detectan más casos de
violencia en los centros públicos que en los privados».
Desde 1998, los voluntarios de
Cruz Roja han trabajado ya con 15.500 jóvenes en más de 750 intervenciones en
institutos de todo el Principado en las que «se incide en cuestiones como la
autoestima y ciertas habilidades sociales y comunicativas como la empatía o la
escucha activa». Aunque, «en comparación con otras comunidades como Madrid,
Asturias todavía está en pañales en experiencias de este tipo», señala Gómez, la
institución cada vez tiene más demanda de centros asturianos para trabajar con
alumnos y profesores. Respecto a los perfiles de estos niños, la psicóloga
clínica mierense Natalia Suárez precisa que en la víctima prevalece la baja
autoestima. «Suelen ser dependientes, tímidos, influenciables, inseguros y
diferentes por cualquier motivo. Se sienten confusos y se culpabilizan por lo
que está pasando». Incluso, a veces, «llegan a justificar la situación».
En cuanto al acosador, quien
intimida y tiraniza, el típico valentón o matón, «no está integrado, porque los
demás niños le tienen miedo y fuera de su grupo es rechazado». Se trata, según
esta psicóloga, de niños conflictivos, controladores, manipuladores, con
habilidades de comunicación, líderes de un grupo que, frecuentemente, se salta
los límites establecidos y que intenta aislar a las víctimas».
Asegura Suárez que estos
adolescentes «no se conforman con machacarlo, sino que les interesa que no
tengan amigos ni otros focos sociales donde apoyarse». Tampoco se sienten
culpables, «sino que lo ven como una forma de relacionarse». A veces, incluso,
«se da la paradoja de que las víctimas acaban integrándose en el grupo del
agresor». Otra orientadora de un centro asturiano, que quiere mantenerse en el
anonimato, reconoce que «sí se dan casos de una especie de chantaje verbal sin
llegar a las agresiones físicas, del tipo: "Como le digas esto a un profesor, te
la vas a cargar cuando salgamos"».
Mientras, uno de los tres
fiscales de menores de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, apunta: «En
Asturias no hemos tenido conocimiento de ningún asunto de acoso escolar
extremadamente grave». Aunque «sí hay denuncias», prosigue, «referidas a muchos
problemas en los colegios, pero, por desgracia, entran dentro de lo habitual».
El fiscal refiere que este tipo
de situaciones «se soluciona generalmente a través de una conciliación». Para
«darle un toque de atención al promotor o promotores de los hechos» se contrató
hace un año a una experta en resolución de conflictos que, supervisada por la
Dirección General de Justicia del Principado, está al frente de un programa de
mediación extrajudicial. Patricia Fernández Frutos cuenta que «se trata de una
solución para cuando hay un hecho presuntamente delictivo y los menores han
cometido una falta leve y no tienen antecedentes». Entonces, la fiscalía, en
lugar de iniciar un proceso judicial, les deriva el caso, «porque los equipos
técnicos del Juzgado no daban abasto», precisa, por su parte, Caldevilla.
Actualmente, unos 40 expedientes esperan para seguir este proceso de mediación
extrajudicial, aunque, según puntualiza su responsable, «se trata de casos
puntuales, no de violencia reiterada, o también de coacciones en grupo que no
pueden ser calificadas como "bullying"».
La rutina consiste en realizar
entrevistas con los menores o con sus padres, de las que dependerá, luego, el
tipo de mediación. En primer lugar, se realiza una valoración individual, a la
que puede seguir un acto de conciliación entre las dos partes a través de una
sesión de mediación reglada. «Se trata de poner en contacto a la víctima con el
agresor para que sean ellos mismos quienes arreglen sus diferencias», explica
Fernández Frutos. Después, se puede optar por un acto de reparación directa de
los hechos o por una indirecta, de tipo moral, mediante un trabajo para la
comunidad. En lo que sí abunda Frutos, como la mayoría de los terapeutas
consultados, es en la importancia de la educación, tanto en el ámbito familiar
como en el contexto educativo, que «tiene mucho que decir».
Antonio Soto, presidente de la
Federación de Padres de Alumnos «Miguel Virgós», lo confirma: «El asunto, que en
ocasiones va asociado al fracaso escolar, ha despertado muchísima preocupación
en la comunidad escolar asturiana, así que, aunque nos gustaría verlo como algo
aislado, lo cierto es que se está produciendo y ya conocemos a varios padres
afectados». «Sin pretender ser alarmistas», reclaman «vigilancia extrema» en
todos los centros del Principado. «Para que nadie más tenga que pasar por lo que
pasó Jokin».
Fuente de información: lne
