El informe del Defensor del
Pueblo del año 2004, presentado la semana pasada en el Congreso de los
Diputados, incluye en el apartado de recomendaciones una indicación al Gobierno
del Principado para que disponga cuanto antes de una ley de mediación familiar,
una normativa cuyo objetivo es propiciar acuerdos extrajudiciales en los casos
de separación en aspectos delicados como la custodia de los hijos, la asignación
de la vivienda familiar y otros que afectan al plano emocional del entorno
familiar.
En Asturias desde el año 2000,
tal como comprobó el Defensor del Pueblo, se viene apoyando a las familias en
situaciones especiales, ofreciéndoles un servicio de mediación
intergeneracional, puntos de encuentro. Este programa ha sido reforzado por otra
iniciativa que el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia desarrolla en colaboración con la Asociación de Familia. Tal
iniciativa incluye programas de orientación, terapia y mediación en los que se
presta atención preferente a la infancia y adolescencia en situación de riesgo.
MARCO
Sin embargo, el departamento
que dirige Enrique Múgica, considera, se refleja en la memoria, que "la
principal carencia" que se detectó fue "la inexistencia de un marco legal en el
que se regularan los requisitos que tiene que reunir todo proceso de mediación,
quiénes pueden acceder al mismo y la cualificación profesional de las personas
que intervienen como mediadores".
Dada la trascendencia cada vez
mayor que tiene la mediación familiar como forma de solucionar conflictos y "la
obligación que el artículo 39 de la Constitución impone a los poderes públicos
de asegurar la protección social,económica y jurídica de la familia",el Defensor
del Pueblo considera que debía ser el Parlamento del Principado de Asturias el
que regulara por ley todos esos aspectos sin perjuicio de celebrar cuantos
convenios fuesen necesarios con entidades privadas una vez exista una normativa
básica que permita a todos los ciudadanos el conocer la existencia de ese
servicio.
En abril del pasado año, los
tres grupos parlamentarios en la Junta General del Principado instaron al
Gobierno regional a que durante el año legislativo 2004-2005 presentara en la
cámara un proyecto de ley de mediación familiar tras la aprobación de una
proposición no de ley del PP. PSOE e IU aceptaron que se cambiara el término
"antes" por "durante". En ese pleno los populares aducían que era necesario
contar con esa ley, como la mayoría de las comunidades autónomas, mientras que
PSOE e IU tranquilizaban a la oposición asegurando que ya estaba en redacción el
anteproyecto.
Según explicó a este periódico
la directora general de Justicia, Pilar Jiménez, "el borrador está prácticamente
terminado, pero tiene que pasar por diferentes trámites, por lo que no es
probable que entre en la Junta antes del verano; esperemos que llegue antes de
finalizar el año".
El anteproyecto tiene que pasar
por la secretaría general técnica antes de ser aprobado por el Consejo de
Gobierno y luego salir a información pública (un mes). La tramitación
parlamentaria también llevará su tiempo por lo que no se prevé que la ley sea
una realidad antes del primer trimestre del 2006.
Fuente de información:
LaVozdeAsturias
