Medio Ambiente negocia la
compra de cuatro fincas privadas en el litoral asturiano para garantizar el
respeto a su valor natural y paisajístico y evitar su potencial urbanización. En
el marco de una estrategia nacional para incrementar el dominio público
marítimo-terrestre, la Dirección General de Costas mantiene contactos con los
propietarios de dichos terrenos, repartidos entre Llanes, Carreño y Castrillón,
con el fin de tramitar su adquisición con cargo a los 20 millones de euros que
el Gobierno ha presupuestado para este programa en las cuentas estatales del
2006. Asimismo, el departamento encabezado por Cristina Narbona ha mostrado
interés por un quinto espacio, también ubicado en el municipio llanisco, sin que
de momento haya trascendido nada más al respecto.
En esencia, el programa
diseñado por Medio Ambiente persigue la compra de terrenos de alto valor
paisajístico y su inmediato traspaso a la gestión pública. El objetivo último
es, según revelan fuentes ministeriales, "incentivar las políticas
proteccionistas en la costa de las comunidades autónomas y los municipios
litorales". Desde el Ejecutivo se destaca que tanto las autoridades regionales
como las locales tienen, en muchos casos, limitada su capacidad de actuación
"por la consolidación o expectativa de derechos urbanísticos difíciles de
revertir de forma efectiva".
PROYECTO NACIONAL
El proyecto, que se
desarrolla en el conjunto de la costa española con un presupuesto de 20 millones
de euros para el ejercicio en vigor, contempla varias actuaciones en Asturias.
Las primeras gestiones, revelan que el
Gobierno ha iniciado negociaciones para la adquisición de fincas en Llanes (dos
terrenos), Carreño y Castrillón. En el caso del municipio oriental, Medio
Ambiente también ha mostrado su interés por un quinto enclave sin que, al menos
de momento, se hayan iniciado los contactos.
Para la identificación de los
espacios susceptibles de compra, el equipo que encabeza Cristina Narbona ha
fijado dos criterios prioritarios. Por un lado, los valores paisajísticos y
naturales de la zona. Y, en segundo lugar, las principales amenazas que pueden
afectar a su correcta conservación a raíz de las presiones urbanísticas. Tanto
el Gobierno asturiano como los propios municipios costeros se encargan de
asesorar al Ejecutivo a la hora de escoger los terrenos adecuados.
En el conjunto de España, el
ministerio trabaja sobre una base de datos de 122 fincas. A día de hoy, los
técnicos de la Dirección General de Costas realizan las pertinentes valoraciones
de 47 terrenos con una superficie total de 1.800 hectáreas. El primer resultado
de esta iniciativa se remonta al pasado 2005 y tuvo lugar en Cataluña, con la
adquisición de un espacio propiedad del Club Mediterranee, en la costa catalana
del cabo de Creus.
Fuente de información:
LaVozdeAsturias
