Los representantes de las ONG
que comparecieron ayer en la Junta General del Principado solicitaron que la
futura Ley de Cooperación al Desarrollo incluya la creación de un órgano que
tenga una entidad jurídica propia. Podría llamarse Agencia Asturiana para la
Cooperación Internacional o de cualquier otra manera, pero quieren que «se
responsabilice de la gestión de la cooperación internacional».
Las intervenciones, distintas
pero coincidentes en este punto, se produjeron en la sesión de trabajo que
realizó ayer la Comisión de Justicia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores
de la Junta General del Principado. El Parlamento asturiano debatió el texto del
proyecto de Ley del Principado de Asturias de Cooperación al Desarrollo en la
que todos los comparecientes valoraron positivamente la futura norma.
En su comparecencia, la
coordinadora de ONG para el Desarrollo del Principado de Asturias, Ana Suárez,
solicitó que «refleje con claridad» la creación de un órgano administrativo que
«se responsabilice» de la gestión de la cooperación internacional. Para ello,
sugirió la modificación del artículo 12 del proyecto de ley para que se
establezca la creación de una agencia asturiana para la cooperación
internacional, u otra denominación análoga, que esté adscrita a la consejería.
Precisó que esta entidad debe
de ser «un órgano con naturaleza jurídica propia, dotada de los elementos de
gestión adecuados a su finalidad y objetivos, y que sea responsable de la
ejecución de control y evaluación de los planes y programas en materia de
cooperación al desarrollo, así como de la correcta aplicación de los fondos
públicos adscritos por la Administración del Principado".
Para Suárez, la Ley debe marcar
«un horizonte de aportación financiera con la perspectiva amplia», mientras el
representante de la asociación Farmamundi Martín Ramírez coincidió con Suárez en
sus aportaciones al texto y, al igual que la representante de las ONG, solicitó
que el texto final prevea un incremento progresivo de la aportación hacia el
objetivo final del 1% del Producto Interior Bruto regional destinado a la
cooperación internacional.
Por su parte, la representante
de la Sociedad Española de Medicina de Catástrofes Ana González criticó que el
texto «sólo fije» actuaciones encaminadas a la cooperación al desarrollo a los
países necesitados pero que «se olvide» de los primeros apoyos cuando surge
alguna emergencia propiciada por tragedias naturales. «Ante una situación de
crisis total hay que dar una respuesta inmediata», señaló.
Fuente de información:
ElComercioDigital
